12. :
El ejército es la escuela de la nación, decían los antiguos rusos, y esa afirmación fue verdadera para generaciones de europeos que aprendían el secreto de las armas y cultivaban el amor a la patria mientras hacían su servicio militar.
Hoy el reclutamiento obligatorio es motivo de discusión en varios países de Europa, y no por la idea de que los nacionalismos están pasados de moda, sino por exigencias de la vida y de la guerra modernas.
Las nuevas tecnologías de armas requieren soldados con entrenamiento más sofisticado, con mucho más que unos meses de preparación. Con el tiempo, los soldados europeos se verían incorporados a ejércitos más pequeños pero muy profesionalizados, capaces de ser desplegados en forma muy rápida, actuando en conjunto con tropas de otros países.
Cada vez está más claro que en el futuro los europeos no podrán contar siempre con la ayuda de los norteamericanos para solucionar sus problemas regionales. Europa, y en particular los miembros de la Unión Europea, deberán adquirir los medios militares para intervenir en conflictos locales o regionales, cuando éstos puedan afectar su propia estabilidad.
Para ello deben crear contingentes altamente capacitados y no depender de conscriptos inexpertos. En la mayoría de los países europeos occidentales éstos sólo pueden ser enviados a las zonas del conflicto en forma voluntaria.
Pero éstas no son las únicas razones por las que muchos países europeos ya han abolido el servicio militar obligatorio. Una muy poderosa se refiere a la necesidad de disminuir los costos de defensa. Un ejército profesional permite reducciones sustanciales en el número de efectivos. En algunos países ha alcanzado incluso la mitad.
Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo, y desde el próximo año Holanda, son los únicos países de la Unión Europea que ya no tienen conscripción obligatoria. El resto, y los países ex comunistas, aún mantienen ese tipo de
contingentes que llegan a ser en promedio el 50% de los efectivos militares. Una batería de críticas ha recibido el sistema en Europa porque los procesos de reclutamiento no parecían los más idóneos.
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En Bélgica la abolición definitiva de la conscripción se aprobó el 23 de mayo de 1994, y los últimos reclutas fueron desmovilizados en febrero de 1995.
Gran Bretaña suprimió el servicio militar obligatorio en la década de los años 70 y cuenta con un ejército profesional de 116 mil hombres.
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En Portugal el servicio militar se realiza durante 4 meses.
En España el servicio militar de 9 meses es obligatorio.
En 1994 el Ministerio de Defensa de Italia propuso disminuir el número de reclutas y aumentar los profesionales.
El servicio militar en Grecia dura 18 meses y el civil, 21 meses.
En Dinamarca los reclutas son sólo el 25% de las fuerzas armadas.
A pesar de la oposición de la juventud alemana (según las encuestas hubo 160 mil objetores en 1995), 330 mil jóvenes son llamados a cumplir con el servicio militar cada año, durante 10 meses.
A partir del 30 de agosto del año que viene en Holanda no serán llamados más conscriptos a cumplir con el servicio militar obligatorio, en esa misma fecha terminarán su misión los últimos 1.250 reclutas.
En Suiza cada año las personas entre 20 y 42 años reciben 12 días de entrenamiento militar, lo cual permite mantener un ejército entrenado de 400.000 soldados.
Los reclutas en Turquía permanecen en el servicio entre 15 y 18 meses y son el 80% de la fuerza militar del país.
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15. (. 1):
1. El documento fue firmado y difundido poco después que los miembros de una organización terrorista hicieron aterrizar en Santa Marta un avión Boeing-727. 2. Un severo terremoto y un fuerte temblor de tierra posterior con epicentro en México, a pocos kilómetros de la frontera con San Diego, Estados Unidos, se hicieron sentir sin que se reportaran daños. 3. El Ejército Popular Sandinista advirtió hoy que elementos uniformados que se hacen pasar por sandinistas están cometiendo delitos y atropellos contra la ciudadanía. 4. La bonanza cafetalera de 1994 hizo ingresar al país un río de plata.
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Las Asociaciones Profesionales de la Magistratura creen que la Ley del Jurado debe ser modificada, al menos, en dos aspectos con el fin de reducir el número de delitos competencia del Tribunal popular y de incluir la posibilidad de que los ciudadanos se nieguen a formar parte de esta institución por razones de conciencia, bien por miedo u otros motivos de índole personal, informa Europa Press.
La primera reunión sobre la modificación de la Ley del Jurado la celebra hoy el Grupo Parlamentario del PP, que tiene previsto presentar mañana en el Congreso una proposición no de ley en la que instará al Gobierno a que aborde su reforma urgente. Entre los aspectos de la ley que someterán a estudio están las sugerencias que el anterior Ejecutivo no tuvo en cuenta a la hora de redactar el texto legal siendo una de las cuestiones la revisión de los delitos competencia del Jurado, con el fin de reducir la lista.
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El portaaviones norteamericano Independence ya se encuentra en las aguas del Mar de China. El gobierno norteamericano ordenó el envío de naves a la región como una medida de precaución ante los movimientos militares chinos.
Los entrenamientos, dirigidos principalmente a las técnicas de guerra clásica, quedaban obsoletos muy pronto.
Aunque el Reino Unido mantiene su ambigüedad con respecto a la Moneda Única, parece trabajar para estar en ella.
La crisis de los rehenes de la Embajada japonesa en Lima vuelve a acercarse a un callejón sin salida. El gobierno sigue firme en su negativa de excarcelar a preso alguno, mientras los garantes, en boca del arzobispo de Lima, piden misericordia para los terroristas presos como única posibilidad para que se solucione pacíficamente esta crisis.
19. :
Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.
La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
a) Tratados de carácter político.
b) Tratados o convenios de carácter militar.
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título 1.
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d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.
La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
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De reunión sin precedentes, que se ha caracterizado por la seriedad y el éxito, ha sido calificada la cumbre que tuvo lugar hoy aquí, a la que asistieron los principales líderes mundiales.
Los presidentes de Estados Unidos y Egipto afirmaron al término de esta cumbre que había sido muy productiva. Fortalecer el proceso de paz, garantizar la seguridad de los Estados de la zona y combatir el terror fueron los tres puntos centrales de las conclusiones de la reunión.
Los participantes emitieron un documento en el cual:
Manifiestan su pleno apoyo al proceso de paz en Medio Oriente y su voluntad de proseguir el proceso con el fin de que desemboque en una paz justa, duradera y global en la región.
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Afirman su determinación de promover la seguridad y la estabilidad, de mejorar el nivel de vida de todos los pueblos de la región y de impedir que los enemigos de la paz logren su objetivo último de destruir las oportunidades reales de paz en la región.
Reiteran su firme condena a todos los actos de terror bajo todas sus formas odiosas, cualesquiera que sean sus motivos y sus autores, incluidos los recientes actos terroristas en Israel.
Los consideran ajenos a la moral y a los valores espirituales compartidos por todos los pueblos de la región, reafirman su intención de levantarse firmemente contra tales actos y piden a todos los gobiernos que se unan a ellos para condenarlos y oponerse.
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Yo comenzaría diciendo que se trata del proyecto hidroeléctrico más ambicioso que tiene la Argentina en este momento, porque tomado individualmente, es un proyecto de dimensión superior a Salto Grande. Es un proyecto que reviste especiales características. Primero, porque, geográficamente, está ubicado en una de las zonas importantes del país, el área del litoral.
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Y no solo hay que verlo desde el punto de vista de la generación de energía al proyecto, sino que es una obra de aprovechamiento múltiple. Por
ejemplo, va a permitir asegurar la navegación hasta la ciudad de Corrientes: hoy es muy difícil navegar el Paraná más allá de Santa Fe, pero con este proyecto se ha previsto que barcos de hasta 21 pies de calado puedan navegar aguas arriba hasta esa ciudad.
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Otros aspectos accesorios del proyecto son la formación de un inmenso lago que va a dar un atractivo turístico a esa región, sobre todo porque estará en una zona ya naturalmente favorecida, como lo es el litoral argentino. Y, finalmente, se prevé hasta el movimiento de peces aguas arriba o aguas abajo, para asegurar la fauna ictícola.
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25. :
España es el único país de nuestro entorno donde el Poder Judicial tendrá la última palabra sobre los secretos oficiales, según se deduce de un informe oficial del Gobierno sobre Derecho Comparado en materia de secretos de Estado, al que tuvo acceso Europa Press. En Estados Unidos y en siete países de la UE analizados es el Poder Ejecutivo el único que, con-más o menos escollos judiciales, puede autorizar la revelación de sus secretos.
El informe de 20 páginas y fecha del 11 de septiembre de 1996, analiza la jurisprudencia y la legislación de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Portugal, Italia, Bélgica. De él deduce que España será, cuando se aplique la nueva Ley de Secretos de estado, el único país de la UE y de nuestro entorno occidental en el que los jueces, en este caso el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, decidirán en último término sobre los secretos de Estado cuando se plantee conflicto al respecto.
En el caso de Portugal, es el Ejecutivo a quien corresponde clasificar, desclasificar y autorizar el acceso a los secretos oficiales. La Ley correspondiente atribuye al presidente de la república, al presidente de la Asamblea, al primer ministro y a los ministros, la clasificación como secreto de Estado.
En el Reino Unido, el privilegio oficial y militar sobre los secretos de Estado es casi absoluto, hasta el punto de que los propios jueces suelen ser favorables a tal ventaja. La Ley de secretos oficiales de 1989 regula el deber de sigilo de cualquier persona que haya tenido conocimiento de servicios de seguridad, inteligencia, defensa o relaciones internacionales.
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El Tribunal Supremo de EE.UU. ha utilizado un tecnicismo legal para postergar una difícil decisión sobre la constitucionalidad o no de la campaña del English Only, encaminada directamente a marginar la lengua y cultura hispana. Aunque se haya evitado un pronunciamiento por el momento en el caso inspirado por una de estas leyes en Arizona, la presión de grupos hispanos en otros estados volverá a poner esta cuestión ante los magistrados del Supremo.
La decisión del Alto Tribunal, anunciada ayer en Washington, indica que el proceso legal abierto por la legislación del English Only en Arizona nunca debería haber llegado hasta la máxima instancia jurisdiccional de Estados Unidos. De acuerdo al pronunciamiento de 37 páginas, los magistrados consideran por unanimidad que el recurso presentado contra la controvertida ley de Arizona es legalmente irrelevante, o moot de acuerdo a su jerga. La razón principal es que la funcionaría hispana querellante abandonó la función pública en 1990 por razones personales y su recurso ya no es válido. Tal posibilidad rae apuntada en Washington durante la vista oral realizada el pasado diciembre, en la cual varios magistrados sugirieron su intención de no pronunciarse de momento.
De todas formas, con leyes antiespañolas aprobadas en otros 23 estados de la Unión, el Tribunal Supremo tendrá tarde o temprano que emitir una sentencia sobre la constitucionalidad de esta campaña. Múltiples grupos de hispanos por todo el país, con el apoyo tácito de la Administración, están recurriendo esta forma de marginación contra su lengua y cultura. El caso más preocupante es el de la legislación presentada ante el nuevo Congreso federal para convertir al inglés en la lengua oficial y excluyente, una medida que fue aprobada el año pasado por la Cámara de Representantes pero no por el Senado. En términos generales, la mayoría republicana en el Legislativo defiende la iniciativa como un patriótico instrumento para eliminar diferencias entre inmigrantes, ahorrar grandes sumas de dinero al presupuesto federal y evitar separatismos como el de Quebec, en la vecina Canadá. Como argumentaba uno de estos legisladores, si el inglés se está con virtiendo en el idioma ganador en el mundo, por qué no en Estados Unidos. La falta de interés del Supremo por tomar parte en esta polémica hace que la controvertida medida de Arizona, aprobada en 1988, sea considerada de momento válida. La norma establecida como una enmienda a la Constitución estatal, obliga a que todos los funcionarios de Arizona hablen únicamente inglés en sus puestos de trabajo, con la posibilidad de castigos administrativos. Los críticos con esta legislación, aprobada por un estrecho referéndum popular, mantienen que sus preceptos suponen una violación a la libre expresión, garantizada por la Constitución federal. Varias instancias judiciales por debajo del Supremo habían suspendido la aplicación de esta norma de inspiración xenofóbica por considerarla un obstáculo al libre flujo de informaciones y un abuso de los derechos de muchas personas.
El verano pasado, los Ministerios de Justicia, Tesoro, Sanidad, Educación, Trabajo y la Oficina para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo recomendaron oficialmente a la Casa Blanca un veto presidencial si este tipo de legislaciones prospera a nivel federal. En opinión de estos departamentos, el hecho de que todos los documentos y debates oficiales tengan que producirse únicamente en inglés facilitará la discriminación de personas a la hora de trabajar, votar o simplemente participar en la sociedad norteamericana. El manifiesto llama la atención sobre las especiales dificultades que esta legislación creará en Puerto Rico.
| tecnicismo (m) | querellante (m) |
| postergar | vista (f) oral |
| constitucionalidad (f) | vista de la causa - |
| , | |
| pronunciamiento (m) | sentencia (f) ; |
| magistrado (m) ; | emitir (pronunciar) sentencia |
| recurso (m) , | tácito , |
| presentar el recurso | recurrir , |
| recurso de amparo | enmienda (f) |
| xenofóbico (, ) | |
| recurso de apelación | |
| recurso de casación |
